Los problemas que agudizan la crisis en La Guajira
El departamento de La Guajira se compone de 15
municipios: Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca,
Hatonuevo, La Jagua Del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan Del Cesar, Uribia, Urumita,
Riohacha y Villanueva. A su vez tiene 44 corregimientos, así como varios
caseríos y rancherías. No obstante, son
Los problemas
que afectan a La Guajira y en especial a los Wayuu son:
Actividad
minero energética: genera la sequía de ríos y afluentes. Adicionalmente causa
daño ambiental y no le trae desarrollo al departamento.
Deficiencia en
infraestructura vial: La Guajira tiene muy pocas carreteras y muy
pocas vías, dificultando el acceso a los diferentes municipios, corregimientos,
caseríos y rancherías.
Corrupción
política:
impide que se lleven a cabo los programas de alimentación para los niños wayuu,
ya que en algunos casos estos son manipulados por políticos que asignan a los
operadores quienes se roban los recursos. A finales del 2015 algunos contratistas,
funcionarios y proveedores del ICBF fueron capturados por robarse los recursos,
puesto que crearon fundaciones ficticias y por medio de estas se asignaban los
contratos.
El mal uso de
los recursos para el desarrollo y la inversión: estos le deberían
quedar al departamento, pero algunas personas de la clase política utilizan
esos recursos para fines que nada tienen que ver con La Guajira. Es decir,
presuntamente se roban el dinero.
La poca
inversión de las autoridades locales y de la clase política: han
contribuido a la falta de avance y crecimiento en el departamento, puesto que a
mayor inversión e infraestructura, mayor desarrollo. Pero esto no se ha visto
en La Guajira.
La falta de
voluntad política: puesto que en varias ocasiones los funcionarios de los
ministerios como el del Interior y de entidades como el ICBF, no asisten a las
reuniones que establece el pueblo wayuu y las autoridades indígenas, porque si
una institución falta a una reunión entonces la otra también, o porque si el
sitio es lejos entonces les da pereza ir al punto de la reunión.
Sin profundizar en la sospecha del pueblo wayuu
acerca de la presunta adjudicación de contratos a dedo, con el fin de que los
wayuu nunca puedan aplicar la autonomía indígena, ni que la misma comunidad
pueda funcionar como contratistas y operadores, que es lo ideal, pues sería un
servicio que la comunidad prestaría para sí misma.
por segunda ocasión la justicia ha fallado en
favor de la garantía y cumplimiento de los derechos de los niños wayuu, para
que el gobierno dé atención inmediata a La Guajira. Pero Santos, por segunda,
vez ha desconocido el fallo. En primera instancia pidió retirar las
medidas cautelares otorgadas por la CIDH a La Guajira, y por segunda vez, la
semana pasada el Tribunal Superior de Riohacha a través de una acción de tutela
le dio un plazo de 48 horas al presidente Santos, con el fin de que el gobierno
realizara un plan con presupuesto, contratación y ejecución para dar agua
potable, alimentación y para la prestación de servicios de salud en Maicao,
Manaure, Riohacha y Uribia. La oficina jurídica de la presidencia impugnó el
fallo del Tribunal Superior de Riohacha.
Vulneración de
los derechos autonómicos indígenas: ya que para Rosa Iguarán vocera de
Dignidad Wayuu: “el ICBF y el Ministerio del Interior quieren imponer los
operadores, y las autoridades indígenas piden respeto a una decisión tomada con
la comunidad, quieren que el contrato se firme con la Asociación Wayuu
Araurayu, para que estos se encarguen de manejar los programas de infancia, ya
que el ICBF direcciona a los operadores a ciertas comunidades sin consultar,
sin construir un protocolo de atención a los niños, Wayuu Araurayu es una
Asociación de jefes de familia consolidada hace más de 50 años, ellos vienen
manejando el tema del ICBF, entonces las autoridades al ver el trabajo que
ellos han hecho, el buen entendimiento y el respeto a las autoridades, han
decidido que sea esa Asociación la que se encargue de prestarle el servicio a
las comunidades, ya que los niños son de ellos, no de los operadores, los
operadores asignan a los niños como si fueran chivos”.
La falta de
infraestructura para la educación: ya que en la mayoría de zonas de La
Guajira los colegios y escuelas no existen, a la comunidad le toca adecuar
árboles y troncos para que los niños puedan recibir la educación. En los años
que Santos lleva como mandatario este problema no se ha solucionado y ni
siquiera se ha empezado a revisar.
Salud: La falta de
centros asistenciales, hospitales, de personal médico y de medicamentos ha
contribuido al aumento de las muertes de los niños wayuu, lo anterior sucede en
parte porque la salud en La Guajira, como en las diferentes partes del país es
un negocio. En el departamento de La Guajira la corrupción en la salud no es la
excepción, la mayoría de las IPS que hay son manejadas por políticos.
El Fenómeno
del Niño:
ya que a pesar de que La Guajira es zona desértica, cuando llueve los Wayuu
siembran diversos alimentos como lo explica la líder de Dignidad Wayuu, Rosa
Iguarán “el agua es vital para la comunidad pues si nosotros tenemos agua
podemos sembrar, podemos tener maíz, frijol y otras semillas que son propias de
la alimentación de la comunidad, pero si no llueve no hay agricultura”.
La
distribución del agua: debido a la sequía que hay, el problema está
en los desplazamientos hacia las diferentes zonas de este departamento y en la
manera como se debe entregar el agua, puesto que las distancias entre los
municipios, corregimientos, caseríos y rancherías son muy grandes, la manera
más común para la entrega del agua es por medio de carro tanques, sin embargo
este servicio es muy costoso, y en su mayoría estos carro tanques no van hasta
las zonas más apartadas de La Guajira.
Sobre la construcción de pozos prometida por el
gobierno, Gustavo Valbuena vocero de Wayuu Zona Norte y Wayuu Araurayu plantea
que “solo se ha consolidado un pozo de 9 prometidos por el presidente Santos en
su segundo mandato”.
Los pueblos indígenas le han pedido
reiteradamente al Gobierno que les dé autonomía para su funcionamiento con
el fin de garantizar sus derechos autonómicos, en donde los indígenas puedan
tener la administración de sus recursos. Pero el Gobierno no ha tenido la voluntad
de hacerlo.
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